Evaluación del personal funcionario docente de Castilla La Mancha

El pasado 13 de abril, la Consejería de Educación presentó el borrador de la Orden sobre evaluación del personal funcionario docente no universitario de Castilla-La Mancha.

ANPE considera que el procedimiento establecido traslada incertidumbres al profesorado, limita sus garantías y derechos frente a la regulación anterior y mantiene, de manera innecesaria, la burocracia.

Además, este procedimiento no garantiza derechos básicos del profesorado, reconocidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y se elimina el derecho (que recogía la normativa anterior) de reclamar la evaluación de la práctica docente ante la Jefatura del Servicio de Inspección.

A su vez, establece la posibilidad de que la evaluación iniciada de oficio por la Administración, pueda ser utilizada “para su incorporación a procedimientos administrativos distintos” de los propios de la carrera profesional, sin especificar los mismos; algo con lo que ANPE no está de acuerdo.

La nueva orden no da respuesta a la novedad, introducida por la LOMLOE, que plantea la posibilidad de cambio de funciones del personal docente en los supuestos de evaluación negativa de la inspección educativa, señalando exclusivamente la posibilidad (en el caso de evaluaciones voluntarias a solicitud del profesorado, con resultado negativo) de apertura de un procedimiento disciplinario por falta de rendimiento.

Se penaliza también al personal interino que sea evaluado, de forma negativa, en el ejercicio de la dirección de los centros educativos, señalando, implícitamente, la posibilidad de ser excluidos de las bolsas de trabajo, por falta de competencia funcional. ANPE considera un exceso de la Administración poder utilizar el ejercicio de la dirección por parte de un funcionario interino que viene obligado a ejercer esta función, como una
labor que puede suponer falta de competencia funcional para el ejercicio de las tareas docentes.

Por todo ello, ANPE ha exigido la retirada de los aspectos lesivos que atentan contra los derechos de los funcionarios docentes, así como la eliminación de la burocracia que afecta a la eficacia del trabajo.

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