Desde hace años, el profesorado y el sistema educativo en España han soportado múltiples cambios normativos. En los últimos 40 años, las leyes y normas en el ámbito educativo se modifican según el color político del Gobierno de turno.
Ante esta situación, ANPE ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de preservar la educación de la permanente y cada vez mayor confrontación política e ideológica. Una educación que es utilizada como arma arrojadiza entre las diferentes opciones políticas y que lastran cualquier posibilidad de pacto o acuerdo que otorgue mejoras, estabilidad y perdurabilidad a nuestro sistema educativo y a las condiciones sociolaborales de los docentes.
La educación ha de ser una cuestión de Estado y la enseñanza pública una prioridad para los diferentes grupos políticos, por ello y tras las recientes elecciones sindicales, es necesario altura de miras y situar a la EDUCACIÓN, con mayúsculas, como una verdadera prioridad en el centro de sus políticas. Para ANPE, es el momento de apartar las diferencias y trabajar hacia la consecución de un pacto educativo, en beneficio de toda la comunidad educativa y la sociedad en general.
Para lograrlo, es imprescindible contar con la opinión y la colaboración activa del profesorado, los docentes representan el eje fundamental o piedra angular sobre la que debe pivotar nuestra educación. Un profesorado que ha sido el gran olvidado en las pasadas leyes educativas y lleva años demandando la dignificación de la profesión y un avance y mejoras en la regulación de nuestra profesión. Ya es hora de un Estatuto Docente que contemple desde el ingreso a la jubilación del docente y establezca una carrera profesional motivadora.
El uso político e ideológico de la educación afecta enormemente al profesorado y fundamentalmente a la enseñanza pública que es donde principalmente se focaliza ese enfrentamiento e injustamente acaba deteriorando la imagen de esta y de su profesorado.
Por ello, ahora es el momento de que la enseñanza pública sea el centro de las políticas de los diferentes grupos parlamentarios que conformarán el Parlamento estatal y las Cortes regionales, así como las corporaciones locales.